Prohibieron el uso del lenguaje inclusivo en las fuerzas armadas

El Ministerio de Defensa de la Nación prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados dependientes de la cartera. En el caso de que los integrantes de las fuerzas militares utilizaran términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba”, estos podrían sufrir sanciones por infringir las normas. La resolución fue firmada en las últimas horas del viernes por el ministro Luis Petri. Las modificaciones realizadas son coincidentes con las normas impuestas por la Constitución Nacional, la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, el Diccionario para la Acción Militar Conjunta y el Glosario de definiciones y abreviaturas, tal como alega la normativa.

Con respecto a la modificación realizada en el reglamento, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la decisión fue bien recibida por los militares. Asimismo, comunicaron que se pondrá en marcha una campaña de difusión sobre el cambio en el uso del lenguaje y que el personal será capacitado, para que el nuevo código se implemente de manera efectiva.

“Vamos a reivindicar a las Fuerzas Armadas que no son las de los ‘70, son las de la democracia y la Constitución. Tenemos que estar orgullosos de ellas”, había anticipado el funcionario durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, “La Noche de Mirtha”, que se transmite por la pantalla de El Trece. En medio de la conversación, el titular de la cartera apuntó que el organismo se encontraba devastado y lamentó que las fuerzas militares nacionales hayan sido “desprestigiadas y maltratadas” por la dirigencia política a lo largo de los años.

A mediados de enero, el ministro confirmó a este medio que trabajaba en un decreto que le brindaría mayor capacidad de acción a los militares en el territorio. Sin embargo, remarcó que la habilitación les permitiría colaborar “en la seguridad interior y en la custodia de objetivos estratégicos para el país”.

“Estamos trabajando en dos cuestiones que para mí son claves. La primera tiene que ver con la posibilidad de intervenir ante ataques terroristas”, explicó al plantear que el Estado debe tener la capacidad de poder intervenir en casos donde se activaran las alarmas por la presencia de presuntas células terroristas en el país.

Créditos: Infobae.