Cautelar y freno a la suba en Transporte
Freno momentáneo a la suba del transporte
25/01/2024
Guillermo Ibarra
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora dictó una cautelar que se conoció anoche (24/1) por la cual suspendió los aumentos en el transporte público del AMBA a raíz de un amparo presentado por el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Según el fallo, que en la práctica suspendió el procedimiento de consulta pública por el cual se discute y se deciden los esquemas tarifarios de transporte, no se estaba garantizando la debida participación ciudadana. “Se verifica que el procedimiento digital de participación que lleva a cabo la Resolución 1/24 no permitiría a los usuarios que puedan dejar sus comentarios plasmados en la web de la Secretaria de Transporte. En efecto, conforme la prueba aludida, al ingresar a la página web, el sistema dirige a una página de consulta pública que indica que el participante debe registrarse para dejar su opinión, y luego al intentar registrarse, el sistema emite una pantalla que contiene la leyenda ‘error’, lo que impide se cumpla con la finalidad deseada”, dijo en su decisión el juez Ernesto Kreplak.
“Existe una vulneración de derechos, por cuanto el mecanismo extraordinario cuya suspensión se pide, no respetaría prima facie el derecho a la protección de los intereses económicos de los usuarios, ya que el mismo se realiza incumpliendo la normativa constitucional que da lugar a la participación ciudadana a través de la realización de audiencias públicas, impidiendo la intervención de todos aquellos que no cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias, por lo que se restringe de manera indirecta el acceso a toda la ciudadanía”, argumentó el magistrado.
De acuerdo con el fallo, la suspensión del procedimiento para discutir las tarifas será “por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana”.
Por último, Kreplak estableció que el Gobierno deberá ser notificado “una vez finalizada la feria” judicial, es decir, a partir del 1 de febrero, tras lo cual el Ejecutivo tendrá 5 días para contestar la demanda.
