Pronóstico en la Justicia. Después de De Vido, viene Máximo Kirchner.

En la jefatura oficialista del Congreso anida una certeza que es mitad regocijo y mitad temor: después de Julio De Vido viene Máximo Kirchner.

El regocijo es por los nuevos pasos que daría el Gobierno en su declamado combate contra la corrupción y las mafias.

El temor es porque la turbulencia provocada por la situación de dos figuras tan notorias como el ex superministro y el hijo de Néstor y Cristina podría complicar la aprobación de leyes económicas que Mauricio Macri quiere tener antes de fin de año.

Los problemas de De Vido son públicos y notorios. Desde ayer está bajo juicio oral por la tragedia de Once, acusado de estrago culposo y fraude al Estado. Y además tiene citación a indagatoria, prohibición de salir del país y pedido de detención por la fabulosa malversación de 26.000 millones de pesos en la obra para modernizar la mina de Río Turbio.

Las dificultades de Máximo Kirchner vienen construyéndose con más demora; todavía son menos consistentes.

Pero una sucesión de hechos podría desembocar en el eventual pedido judicial de desafuero. El detonante serían las millonarias cuentas, imposibles de conciliar, respecto de su patrimonio y sus gastos declarados.

Hace poco más de diez días el diputado Máximo corrigió su declaración jurada ante la AFIP, según informó el diario La Nación.

Los gastos personales reconocidos originalmente en 2016 habían sido 40 veces superiores a los declarados en 2015. Esto es, 20 millones de pesos en un año, o 1.700.000 pesos al mes, o 57.000 pesos por día. Es una moneda. Y más para alguien austero como el hijo de los Kirchner.

En la corrección de su declaración Máximo sostuvo que 20 millones de pesos que había sacado de plazos fijos en los primeros meses del año pasado no fueron gastados, sino que habían ido a parar a una caja de seguridad. Un pequeño detalle que se había escapado de su primera declaración.

Ante tanta duda y confusión, el juez Claudio Bonadio -que tiene bajo investigación a Cristina Kirchner y sus hijos en la causa Los Sauces- le pidió el lunes pasado a la AFIP, con carácter de urgente, un informe muy detallado sobre patrimonio, cuentas y movimientos de dinero del diputado y jefe de La Cámpora.

El informe del organismo que lidera Alberto Abad podría estar listo en un par de semanas, dicen las voces más optimistas en los tribunales de Comodoro Py.

Si el estudio de los expertos impositivos no aclara la constelación de puntos oscuros, quizás Bonadio elija hacer más profunda la investigación sobre Máximo y pida a la Cámara de Diputados que considere definir si debe seguir amparado por los fueros que impiden la detención de cualquier legislador.

Cristina, que estaría en una situación similar a la de su hijo, no quedaría sujeta por ahora a estas eventuales medidas del juez.

Ella había declarado un gasto personal anual cercano a los 75 millones de pesos. Después hizo su corrección ante la AFIP y aclaró que eran poco más de 3.000.000 de pesos lo gastado en 2016.

Bonadio se habría topado con otros datos erróneos o equívocos, pero no siempre en contra de la ex Presidenta. Comprobó, por ejemplo, que los 22 plazos fijos constituidos con dinero de la herencia de Néstor Kirchner, que según se denunció Cristina no había declarado rehuyéndolos del fisco, eran en realidad 9 colocaciones y por un monto menor a los 5 millones de dólares mencionados.

En el caso Los Sauces, que investiga las millonarias contrataciones de esa firma de los Kirchner con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, el juez Bonadio procesó en abril de este año a Cristina y a sus hijos, Máximo y Florencia, comojefes de una banda dedicada al lavado de dinero.

Bonadio, además, debe resolver un tema muy sensible que atañe a la ex Presidenta. Se trata del pedido de citación a indagatoria que presentó el fiscal Gerardo Pollicita por la denuncia de encubrimiento a ciudadanos iraníes en el ataque a la AMIA.

Es la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de que lo asesinaran en su departamento de Puerto Madero.

Pollicita había pedido la indagatoria de Cristina en los primeros días de setiembre. Más tarde el periodista Daniel Santoro informó en Clarín que Bonadio podría tomar una decisión antes de las elecciones del 22 de octubre próximo, donde la ex Presidenta es candidata a senadora después de ganar las PASO por el 0,21% sobre el candidato oficialista Esteban Bullrich.

Según los últimos indicios recogidos en fuentes judiciales, Bonadio en efecto decidiría llamar a indagatoria a Cristina por el pacto con Irán antes del domingo electoral de octubre.

Pero quizás fije la fecha de declaración para después de esos comicios. Sería una especie de ejercicio florentino a los que los jueces suelen ser afectos.

En todo caso Bonadio se igualaría a su colega Julián Ercolini, quien en agosto había fijado para el 9 de noviembre la declaración indagatoria de Cristina por el caso Hotesur, y para los días 13 y 15 las de Máximo y Florencia. Están los tres acusados de asociación ilícita.

Si el recorrido que debería hacer el juez para pedir un eventual desafuero de Máximo Kirchner es todavía incierto y complejo, lo de De Vido es más sencillo de entender.

Esta semana el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió su detención en la causa por la malversación multimillonaria en Río Turbio.

Lo hizo bajo la sospecha de que, en libertad, De Vido podría obstruir las investigaciones en curso.

Antes, el juez federal Luis Rodríguez había llamado a indagatoria al ex ministro para el 28 de noviembre, prohibiéndole además la salida del país.

Sólo el pedido de desafuero hecho por un juez obliga al Congreso a tratar la situación del legislador acusado. Si lo pide un fiscal, como en este caso, se puede debatir la separación del diputado o senador por indignidad moral.

Eso ya sucedió en julio de este año, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli había solicitado detener a De Vido por el desvío de fondos en Río Turbio.

Esa vez los votos reunidos de Cambiemos, el Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN de Margarita Stolbizer y sectores del Partido Justicialista ganaron la votación pero no alcanzaron los dos tercios necesarios para dejar a De Vido a la intemperie. El Kirchnerismo, aliados provinciales, sectores del peronismo no kirchnerista y la izquierda salvaron aquella vez al ex ministro.

Pero el renovado pedido de detención, hecho por Moldes, podría precipitar una segunda pulseada por el mismo tema.

La pregunta es qué harían ahora los diputados que salvaron a De Vido la vez anterior, estando en plena campaña electoral.

Los jefes del Congreso ya han escuchado a legisladores del interior del país, que no son ultra K pero siguen en el Frente para la Victoria, decir que el voto para salvar a De Vido les había causado malestares públicos y reproches privados en sus provincias y ciudades de origen.

Con todo, a De Vido le convendría que este trámite ingrato se gestionara pronto y afrontarlo a suerte y verdad.

​Después del 10 de diciembre, con el Gobierno fortalecido a la luz de los resultados de octubre, la nueva correlación de fuerzas en el Congreso podría resultarle muy desfavorable.

Los planetas judiciales parecen alinearse en contra de Cristina, de sus hijos, de De Vido y de Amado Boudou, que la semana que viene empezará a afrontar el juicio oral por su intento de apropiarse de la imprenta Ciccone.

Todo sucede en tiempo de campaña electoral. Y los jueces, como se sabe, tienen un fino olfato político. Perciben enseguida para qué lado sopla el viento del poder y ahora está soplando a favor de Mauricio Macri.

El kirchnerismo apela al argumento de la suspicacia para preguntarse por qué justo ahora.

La pregunta es buena, pero quizás haya una mejor: ¿por qué recién ahora?. Fuente: Clarín.